Desarrollar la economía nacional de mercado es indispensable para construir nación, es decir, una
comunidad política territorializada, sin exclusiones. Pero esto no se puede hacer en el marco de la
Constitución actual. En primer lugar, es necesario recuperar, como peruanos, nuestro derecho
preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de
las fuentes de energía. Una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro. En
segundo lugar, el Estado debe recuperar su papel promotor del desarrollo, regulador de la
economía de mercado y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia,
seguridad social, agua y desagüe), con políticas públicas que tengan alcance universal. Todo esto
supone un nuevo contrato social, es decir, una nueva Constitución.
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